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06/04/2023 19:29 hs

El gobierno de Kicillof insiste en que hubo infiltrados en el ataque a Berni: “La Justicia tiene que actuar”

Argentina - 06/04/2023 19:29 hs
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El jefe de asesores del Gobernador, Carlos Bianco, aseguró que “el armamento ni la munición que se utilizó suele ser lo común en este tipo de asalto. Fue un fusilamiento a sangre fría”.
En la madrugada de este jueves, un cinematográfico operativo policial llamó la atención en el conurbano, uno en Merlo y otro en La Matanza. Como resultado del accionar del personal policial se produjo la detención de dos choferes de colectivos acusados de haber participado de la agresión contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Tras conocerse el hecho, desde el gobierno de Axel Kicillof insistieron con la hipótesis de “infiltrados” en el ataque.

“Cuando llegó Berni, sin mediar palabras, se le abalanzó un grupo que habrá que ver quién es el grupo, a qué intereses responden, si es una interna del gremio, si son infiltrados. Hay información que se está terminando de analizar”, manifestó a Radio 10 el jefe de asesores del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. En el gobierno provincial defienden al ministro y siembran sospechas sobre lo ocurrido.

El funcionario agregó: “Más allá del dolor que nos causó como amigo personal, como compañero, el ataque salvaje que tuvo que sufrir nuestro ministro, llama la atención que había otro ministro bonaerense (de Transporte, Jorge D’Onofrio) que hacía media hora estaba hablando con la más absoluta tranquilidad con los compañeros del chofer asesinado”.

La hipótesis de los infiltrados en el ataque a Berni se cimenta en las sospechas en el oficialismo de que la oposición podría intentar sacar rédito del crimen del colectivero. Señalan algunas pancartas en el lugar del hecho y apuntan contra algunos dirigentes gremiales que tendrían vínculos con sectores de Juntos por el Cambio. “Hay que averiguar, la Justicia tiene que actuar para ver
cuáles fueron los motivos por los que se agredió al ministro”, resaltó el jefe de Asesores de Kicillof.

Bianco coincidió con el Gobernador en que hubo “cosas raras” en el crimen de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza: “Sí, los expertos observan que el modus operandi no suele ser el común en este tipo de asalto. El armamento ni la munición que se utilizó suele ser lo común en este tipo de asalto”. Y agregó: “Fue un fusilamiento a sangre fría justo en el medio de dos retenes policiales por donde estaba circulando el colectivo. Llama la atención. Yo no acuso a nadie, lo que digo es que la Justicia tiene que investigar las causas últimas por las que sucedió este hecho”.

Respecto de la polémica suscitada por las detenciones de los dos acusados de asesinar al colectivero, donde las familias aseguran que son “perejiles”, el funcionario bonaerense fue tajante: “Es una coartada que suele utilizar cualquier delincuente el decir que es inocente. No le doy mucha entidad”. Y sentenció: “Si se está poniendo algún manto de duda sobre algún funcionario o alguna fuerza policial, a mí no me consta. Entiendo que las detenciones se han realizado llevando adelante el debido proceso y con orden judicial. Yo no tengo por qué dudar. Hay que hacer las cosas tal y como dicta la ley”.

Desde que se conoció la información de los dos choferes detenidos, seis líneas de colectivos de la empresa Almafuerte y dos de la firma Nueva Ideal iniciaron una medida de fuerza, por lo que no hay servicio este jueves. “En principio, el paro es hasta la medianoche de hoy, pero se ratificará en una asamblea. También hay intención que se sumen trabajadores de otras líneas de la zona”, dijo a la agencia Télam el delegado gremial Salvador Strazzeri.

“El paro continuará. Queremos que liberen a los compañeros, busquen a los asesinos de nuestro compañero Daniel, y después vemos si un compañero se tiene que presentar o no en la justicia por la agresión a (Sergio) Berni”, declaró a Télam el chofer Luis Gómez. Las detenciones de los choferes fueron ordenadas por la Justicia porteña bajo los cargos de atentado contra la autoridad agravado, que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión.


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