El Senado aprobó por mayoría la adecuación del Régimen Penal Juvenil provincial a las modificaciones establecidas por la Ley Nacional 27.801, aprobada este año. Si bien el cambio de mayor impacto es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la norma también incorpora medidas, garantías e instrumentos específicos para los adolescentes que atraviesan procesos penales.
La votación fue de cinco votos a favor de Ahora San Luis y tres en contra del Frente Justicialista. La norma modifica artículos del Código Procesal Penal de la provincia y de la Ley Orgánica de Administración de Justicia.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Martín Olivero, fue el encargado de explicar la norma en el recinto. “Busca consolidar un proceso especializado y socioeducativo que garantice los derechos constitucionales y convencionales de los adolescentes bajo los principios de especialidad, proporcionalidad, mínima intervención, celeridad y excepcionalidad de la privación de la libertad, reafirmando la estricta separación entre el proceso penal y el sistema de protección integral de derechos, impidiendo que la vulnerabilidad social derive en respuesta punitiva”, resumió.
El senador informó que se reemplaza la figura de asesoría tutelar por la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Además, se exigirá la especialización y capacitación obligatoria de jueces, fiscales y defensores.
También señaló que, cuando en una misma causa estén imputados adultos y adolescentes, se garantizará la intervención del juez Penal Juvenil en el proceso correspondiente a estos últimos. Asimismo, informó que la Cámara Gesell será el ámbito para recibir los testimonios de niños, niñas y adolescentes en juicios, así como de víctimas adultas en situación de vulnerabilidad.
El bloque peronista votó en contra. Argumentó que necesitaba más información sobre la implementación del régimen, los fondos necesarios y las capacitaciones correspondientes.
El Régimen Penal Juvenil se aplicará a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, tomando como referencia la edad que tenían al momento del hecho.
Entre las garantías previstas se encuentran la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, la defensa técnica efectiva, el debido proceso y la resolución de las causas en un plazo razonable. También se establece que la privación de la libertad deberá ser excepcional y que los adolescentes no podrán permanecer alojados junto a personas adultas.
La norma dispone la intervención de la Defensoría de Niñez y Adolescencia en los procesos en los que participe una persona menor de 18 años, ya sea como imputada o como víctima.
Cuando en un mismo hecho estén involucrados adultos y adolescentes, la investigación deberá coordinarse para evitar decisiones contradictorias, pero las cuestiones procesales específicas de los jóvenes, como las medidas de coerción o la formulación de cargos, quedarán bajo la competencia del juez Penal Juvenil.
Soluciones alternativas al conflicto
Uno de los ejes de la reforma es la incorporación de mecanismos que permitan resolver determinados conflictos mediante alternativas al proceso penal ordinario. Entre ellos se encuentran el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba.
El criterio de oportunidad habilita a la Fiscalía a prescindir total o parcialmente de la acción penal mediante una decisión fundada. En estos casos, la víctima deberá ser informada y podrá oponerse dentro de los 10 días corridos, además de solicitar la conversión de la acción conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.
En cuanto a la mediación penal juvenil, podrá ser solicitada por la Fiscalía, la víctima o el adolescente antes de que se dicte sentencia. Será confidencial y voluntaria, y requerirá el consentimiento de la víctima.
También se contempla la suspensión del proceso a prueba para delitos cuyo mínimo de pena no supere los tres años. Deberá ser solicitada por el adolescente y contar con su consentimiento libre e informado, la intervención de su defensa técnica y la conformidad fiscal. El plazo podrá extenderse entre uno y tres años, con reglas de conducta que pueden incluir actividades educativas, formación, servicios comunitarios y reparación del daño.
Juicios con condiciones especiales
Los juicios contra adolescentes serán reservados. Esto implica la prohibición de publicar nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, domicilio, fotografías u otros datos que permitan identificarlos.
En cuanto a las decisiones judiciales, se prevé que primero se determine la responsabilidad penal y, en una instancia posterior, se realice una audiencia para establecer la eventual pena. Para esa definición deberán considerarse las circunstancias personales, familiares, educativas y sociales del adolescente, además de las características del hecho.
El juicio abreviado también estará permitido, pero requerirá el acuerdo de la Fiscalía, el adolescente y su defensor. La aceptación deberá ser expresa, libre, voluntaria e informada, y el juez tendrá que comprobar que el joven comprende los hechos atribuidos y las consecuencias del acuerdo.
Sanciones y cárcel
Además de la prisión, la ley contempla otras medidas, como la amonestación, las prohibiciones de acercamiento o contacto, la restricción para concurrir a determinados lugares, los servicios comunitarios, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño.
Estas alternativas deberán considerar la edad, el desarrollo y las circunstancias personales, familiares, educativas y sociales del adolescente, así como la gravedad del hecho, sus consecuencias y las posibilidades de cumplimiento. Con estas medidas se busca promover la responsabilidad, la educación, la resocialización y la integración social.
Durante el proceso, los jueces podrán disponer medidas de coerción cuando existan riesgos reales y acreditados de fuga u obstaculización de la investigación. Sin embargo, la privación de la libertad quedará reservada para los casos en los que ninguna de las otras medidas resulte suficiente. Tendrá una duración máxima de tres meses y podrá prorrogarse por otro período igual.
La implementación del nuevo sistema
La adecuación legislativa también establece que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía deberán dictar las reglamentaciones y adoptar las medidas necesarias para poner en funcionamiento el régimen. Entre los aspectos que deberán organizar se encuentran la supervisión, la ejecución y el control de las medidas, las condiciones de alojamiento y la capacitación de los operadores.
Antes del tratamiento en la Legislatura, el gobernador Claudio Poggi había anunciado medidas para adecuar las dependencias vinculadas con la atención de niños, niñas y adolescentes. Mencionó la puesta en valor de las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf), la compra de vehículos y la formación de los equipos.
El Chorrillero.
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