El juez federal Daniel Rafecas formalizó el procesamiento de ocho acusados por el ataque terrorista de 1994 a la sede mutual en Buenos Aires, fijando embargos individuales de 500 millones de dólares.
En un avance clave para la causa judicial por el atentado a la AMIA, el juez federal Daniel Rafecas resolvió procesar a ocho ciudadanos de origen iraní y libanés por su presunta responsabilidad en la planificación y ejecución del ataque terrorista perpetrado en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y 151 heridos. Para cada uno de los imputados, el magistrado trabó un embargo preventivo sobre sus bienes por una suma de 500 millones de dólares.
En la resolución, dictada bajo la caracterización del atentado como un crimen de lesa humanidad, la Justicia encuadró a los acusados como autores directos y colaboradores en la logística de la voladura de la entidad comunitaria. Una vez que el fallo quede firme tras las eventuales apelaciones de la Defensa Oficial, Rafecas quedará en condiciones de elevar la causa a la instancia de debate oral y público mediante el sistema de juicio en ausencia.
El marco legal y el camino al juicio
La aplicación del juicio en ausencia es posible a partir del nuevo marco normativo que rige para estos procesos. De mantenerse firme la medida dictada por el juzgado federal, la causa dará inicio formal a las instancias previas al juicio final contra los imputados que permanecen prófugos de la justicia argentina.
Paralelamente, la resolución remitirá actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia para evaluar una posible unificación con las investigaciones del atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992 en Buenos Aires.