La reducción de la feria judicial es ley

La Cámara de Diputados aprobó la reducción de la feria judicial para el Poder Judicial. Con vigencia a partir del 31 de diciembre de 2026, el receso de enero será de dos semanas, mientras que el de invierno de una semana, reduciendo a la mitad la suspensión de plazos procesales que anualmente sumaba un mes y medio. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Claudio Poggi para combatir la mora y dar mayor eficiencia al servicio.

El proyecto fue defendido en el recinto por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Luciana Perano, quien recordó que tras dialogar con el sector judicial y abogados, se pasó de una propuesta inicial de eliminación total de la feria, a una reducción del 50%.

La norma modifica el artículo 19 de la Ley N° IV-0086-2021 Orgánica de la Administración de Justicia. Así se sostiene que se determinarán como período sin actividades las dos primeras semanas de enero y una semana a mediados del año, que será fijada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) con suficiente antelación. En estos períodos no correrán los plazos procesales, mientras que los asuntos urgentes serán atendidos por magistrados, funcionarios y empleados que designe el STJ.

Perano recordó que el proyecto original entró en el Senado el pasado 4 de abril, cuando se propuso la eliminación total de la feria. Sin embargo, tras reuniones de los colegios de abogados, magistrados, trabajadores judiciales y el Colegio Forense con el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza y legisladores del oficialismo, la decisión fue proponer la reducción a la mitad.

Tras lograr la media sanción el 28 de octubre en el Senado, este miércoles se trató en la Cámara Baja. “Hoy debatimos una iniciativa que interpela al corazón de nuestro sistema institucional: la administración de Justicia y su deber de funcionar de manera continua, accesible y eficiente”, comenzó.

“Esta es una función esencial del Estado, un servicio público que debe ser garantizado sin interrupciones prolongadas. Cada ciudadano que acude al Poder Judicial busca la protección de un derecho vulnerado, la resolución de un conflicto o la reparación de una injusticia”, enumeró.

“Y cuando ese servicio se interrumpe por semanas o meses, lo que se paraliza no es un expediente, lo que se paraliza no solo es la vida de las personas, sino que también se debilita la confianza ciudadana y se compromete la credibilidad del sistema institucional”, argumentó.

“En todo Estado de derecho, el acceso a la Justicia es un pilar fundamental que garantiza la igualdad ante la ley, la protección de los derechos individuales y colectivos y, en definitiva, la paz social”, remarcó.

“Hoy nuestra provincia mantiene una estructura de receso judicial que implica 45 días de suspensión de actividad por año: todo enero y dos semanas en el mes de julio. A este período, se suman los feriados y días no laborales que en términos reales reducen significativamente la capacidad operativa del poder judicial”, detalló.

“Esta práctica que tuvo sentido en otro tiempo, ya no encuentra justificación en el contexto actual, en una sociedad dinámica, con nuevas tecnologías, con una ciudadanía informada y demandante de respuestas ágiles. No se puede mantener este esquema de un sistema antiguo que no se condice con las necesidades del presente”, sostuvo.

“El Estado debe garantizar la continuidad del servicio; de lo contrario, es el ciudadano el que paga el costo, en tiempo, dinero, angustia y derechos vulnerados, y la reducción no implica negar el derecho al descanso de los agentes judiciales. Al contrario, implica reorganizar el trabajo para que el servicio de justicia funcione todo el año, con esquemas de rotación y subrogación tal como ocurre en otros servicios esenciales del estado como la seguridad y la salud que no interrumpen su tarea porque la sociedad los necesita todos los días”, comparó.

A su vez recordó que hay países de la región como Chile y Perú que eliminaron la feria, que en México la actividad se reduce solo dos semanas y que en Estados Unidos, los tribunales funcionan todo el año.

También citó un estudio de la Consultora Trespuntozero que sostiene que los sanluiseños piden un cambio en el funcionamiento del sistema. De los consultados, un 61,9% tiene un concepto entre malo y muy malo del funcionamiento del servicio y un 79,8% apoya una reforma judicial profunda. “La gente mayoritariamente tiene un mal concepto sobre el desempeño y está muy de acuerdo en introducir reformas”, aseguró.

“Esta iniciativa, por ser innovadora, genera cierta tensión, pero no debe haber enfrentamientos entre nosotros. Todos sabemos y hemos escuchado en distintas reuniones que hemos mantenido con los profesionales, que la mora judicial existe. Esta es una de tantas iniciativas legislativas que vendrán para procurar su disminución. Todos queremos que los ciudadanos tengan más acceso a la justicia, eso es innegable”, agregó.

Perano dijo que tanto el bloque Cambia San Luis, como aliados, tuvieron distintas reuniones con el sector para trabajar normas para mejorar el servicio de Justicia. “Este proyecto no es en contra de nadie, sino que es en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.

Eugenia Gallardo, presidenta del bloque Cambia San Luis, sostuvo que “una justicia, cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”. Remarcó que esta misma semana tuvieron una reunión con los colegios de abogados y forenses, donde se habló de la necesidad de reformas estructurales.

La legisladora entonces enumeró las distintas acciones que promovió el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. “Esta es la oposición que generó proyectos en donde quería hacer desaparecer al Colegio de Abogados. Que buscaba remover jueces, que nominó al doctor Jorge Fernández y a Lilia Novillo como presidente del Superior Tribunal de Justicia y que quería designar al vicegobernador (Eduardo) Mónes Ruiz al mismo cargo. Y que en 2020 también quiso extender el horario del Poder Judicial y hubo manifestaciones. Esa misma oposición es la que hoy se retira, porque no puede defender la feria”, concluyó para responder a los diputados opositores que se retiraron del recinto porque no lograron frenar el debate.

Durante la sesión, hubo constantes interrupciones de integrantes de colegios de abogados, profesionales en forma particular y afiliados al Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu), especialmente enfocadas a los diputados oficialistas, en rechazo al proyecto. Esto motivó a que el presidente, Alberto Leyes, pidiera orden y advirtió con el desalojo con la Policía de las gradas. Tras la aprobación, se retiraron.

El presidente del bloque de Frente Justicialiata, Federico Berardo, reconoció el problema de la mora judicial, pero apuntó que la reducción de la feria no es la solución y solicitó mayor inversión al Poder Judicial. Desde la misma bancada de Alberto Rodríguez Saá, Silvia Sosa Araujo, coincidió en la solicitud de mayores fondos.

EL CHORRILLERO