El hombre de Juana Koslay que explotaba sexualmente a sus hijas podría enfrentar hasta 15 de prisión efectiva

Este martes la Policía Federal allanó la vivienda de un hombre, apodado “el cordobés” en Juana Koslay como parte de una investigación por explotar sexualmente a su hija e hijastra de 16 y 13 años. De comprobarse un delito de trata de personas, sumado a que son menores de edad y el vínculo que mantenían, podría enfrentar hasta 15 años de prisión efectiva.

“Todo lo que es delito contra la integridad sexual, cuando se tiene un vínculo biológico entre el autor y la víctima hace que la pena que tiene esa figura básica se agrave”, explicó Marcela Torres Cappiello, defensora de Niñez Nº2 de San Luis, quien no interviene en el caso. Y agregó: “Lo que hace la Justicia Federal es una investigación de orden penal, donde se va a buscar e intentar determinar los responsables y sancionar esa conducta, interviene la justicia ordinaria con otro tipo de medidas, de protección para garantizar derechos a los niñas, niños y adolescentes que fueron vulnerados”.

En casos como este, suele intervenir la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Familia, en representación de las víctimas, y se coordina con el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD). Además, la Justicia cuenta con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
“En general, cuando se trata de víctimas niños, niñas y adolescentes, lo que se intenta es evitar el contacto permanente del menor de edad con el proceso judicial para prevenir una revictimización institucional, que muchas veces ocurre por el desmanejo que puede haber”, profundizó.

Sobre el cuidado de los menores en ese proceso, es el CAVD quien interviene y protege los derechos de los niños y niñas al momento de realizarse revisiones médicas, toma de declaraciones, a través de la Cámara Gesell, y vela por su integridad en caso de riesgo.

Penas de hasta 15 años de cárcel

Si se tratara de explotación sexual infantil, la ley prevé condenas de 6 a 15 años, que se agravan por el vínculo parental y la continuidad del delito.

Sin embargo, “el cordobés”, es investigado por la Justicia Federal por “trata de persona con fines de explotación sexual”. El código penal establece que este delito tiene una pena de 10 a 15 años de prisión.

Los agravantes —como violencia, traslado constante de las víctimas y explotación diaria— permiten al juez aplicar la pena máxima del rango, y otros delitos relacionados, como abuso sexual, pueden sumarse mediante el concurso real, aumentando la sanción total, siempre de cumplimiento efectivo.

No es “prostitución infantil”

En los últimos años a nivel nacional los espacios de protección de las niñeces y adolescencias trabajaron arduamente para cambiar denominaciones o referenciar delitos que se vinculan con las infancias. Utilizar términos que en sí no representan una conducta ilegal no solo diluye su gravedad sino que los revictimiza.

“Resulta acorde a una perspectiva de derechos humanos, una terminología que busca que se comprenda claramente hacia quiénes se produce la afectación de derechos y que evite cuestiones que puedan resultar estigmatizantes o que a veces tienden a minimizar algún tipo de cuestiones”, justificó Torres Cappiello.

Actualmente, no se utiliza el término “prostitución infantil” para referirse a delitos sexuales contra menores, ya que implica erróneamente que los niños o adolescentes pueden consentir. Por eso, los especialistas y la legislación hablan de “explotación sexual contra menores”, que refleja que se trata de un delito en el que las víctimas son obligadas o manipuladas.

“Si bien son noticias nuevas en San Luis y sabemos que nos afligen, también somos conscientes de que existen y que se está actuando. Siempre estuvieron estos delitos de explotación infantil, y el más grave de todos que es el sexual; pero hay un cambio de paradigma que inicia con las terminologías. Ya no se habla de prostitución infantil porque los niños, niñas y adolescentes no tienen la facultad de hacerlo por propia voluntad, sino que son menores de edad y hay una explotación sexual”, reforzó la directora de Relaciones Laborales y la Comisión de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CoPrETI) de la Provincia, Ivana Balmaceda Amestoy.

Trabajo infantil, prevención y alertas

Balmaceda reveló que solo en esta semana, a través la Línea 102 gratuita para niños, niñas y adolescentes,  recepcionaron ocho alertas sobre explotación laboral de menores en la vía pública. La mayoría como vendedores ambulantes, pidiendo limosnas o limpia coches. Otro espacio donde prolifera este tipo de delito es en las zonas agrarias, donde son forzados a realizar jornadas de trabajo extensas.

“A veces encontramos a una niña explotada y decimos ahora qué hacemos, ¿no? Cómo reestablecer sus derechos y cómo se hace la revinculación con su propia vida. Porque el problema es que la mayoría de las veces es un familiar muy cercano, que los induce a la explotación laboral, entonces uno los aparta de ese entorno pero luego vuelven porque estamos hablando de su mamá o papá”, relevó.

La funcionaria puntualizó en la importancia de denunciar ante el menor indicio. Generalmente quienes pueden detectar estos episodios son los propios vecinos, es por eso que invitó a la ciudadanía a "mirar con otros ojos" a los niños de su cotidiano.

En el caso de las menores explotadas sexualmente por su padre fueron los trabajadores de la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro) y quienes trabajaban cerca de la estación de servicio Bella Vista, donde obligaba a las menores a tener intercambios por dinero, quienes alertaron a las autoridades.

“Un llamado, una denuncia puede prevenir y podemos terminar con un comercio sexual infantil o con una red de trata y explotación infantil”, concluyó. E informó que la semana que viene la CoPrETI dará una charla de concientización en el barrio "Monseñor Tibiletti", donde vivía originalmente "el cordobés" con las menores y su pareja.

EL CHORRILLERO